Paulo Freire recalca una y otra vez que sin educación no puede darse ninguna transformación en la sociedad civil. Ella constituye el fundamento a partir del cual las personas pueden adquirir la capacidad de comprometerse con el mejoramiento de sus condiciones de vida, ya sea en el plano político, económico, social o cultural. Aquí le corresponde un papel especial a la educación no-formal. Benito Fernández desarrolla esta idea sobre el ejemplo de Bolivia, teniendo particularmente en cuenta la EYPA.
Paulo Freire, pedagogo brasileño del que se conmemoran los 10 años de su muerte (mayo 1997), decía: «la educación no cambia la realidad, pero sin la educación no es posible cambiar la realidad»
(«pedagogía de la autonomía»).
Bolivia vive tiempos de cambio, que no son los cambios de fachada que no cambian nada, «cambios que se dan para que nada cambie en la situación de las mayorías nacionales», como fueron los cambios impulsados por las políticas neoliberales a partir de 1985. Se trata ahora de cambios estructurales, que van a las raíces de las relaciones de poder y del modelo de país que quieren la mayoría de los bolivianos/as, y no sólo grupos elitistas dominantes.
Hay una transferencia del poder detentado por las clases dominantes tradicionales a un gobierno de esencia popular e indígena, que representa los intereses de los movimientos sociales y la población excluida y marginada de Bolivia. En números es 65 % de pobres y, de ellos, 35 % en situación de extrema pobreza.
El proceso de transferencia de poder se da en el marco de una «revolución democrática», es decir, en los marcos de la democracia diseñada por el neoliberalismo, por la clase capitalista tradicional. Por lo tanto se trata de un proceso de «democratizar la democracia»,«baja intensidad» en una democracia de «alta intensidad» (Boaventura do Santos Souza) o, simplemente, de construir una «democracia participativa popular».
o de transformar una democracia de
Para que sea una democracia verdadera tiene que venir acompañada de cambios a todo nivel, en lo económico, en lo político, en lo social y en lo cultural:
en lo económico, se expresa en la recuperación de la soberanía de los bolivianos/as sobre los recursos naturales (petróleo, gas, agua, tierra, bosques, minerales…) y la generación de empleo digno y productivo («economía de base ancha») que permita mejorar ingresos y calidad de vida de las mayorías.
en lo político, se expresa sobre todo en la transformación del Estado heredado del neoliberalismo. De un Estado minimizado, reducido a un rol de vigilante de la aplicación de políticas impuestas desde los centros mundiales y transnacionales de decisión (BM, FMI, OMC), a un Estado fuerte que recupera su soberanía y dignidad, y por tanto no se somete sino que negocia en condiciones de igualdad; un Estado transparente y eficiente que ataca la corrupción y la burocracia inoperante; un Estado intercultural y plurinacional, construido a partir de la diversidad de identidades y de contextos territoriales. «Un país, como decían los zapatistas, donde quepan muchos paises».
| «La educación es una forma de intervención en el mundo.» Freire |
en lo social, un es tado que, sin caer en falsos paternalismos, se acerca a lo que fue en los países avanzados un «estado del bienestar», que ataca sobre todo la distribución de las riquezas generadas, buscando a través de los principios de justicia y solidaridad mejorar las condiciones de vida de esa mayoría pobre, triste herencia del capitalismo neoliberal. Una inversión sostenida y adecuada en las áreas de la salud y la educación pública, además del empleo digno, va a permitir la superación de la pobreza, marcando la diferencia con anteriores gobiernos para quienes se trataba simplemente de «aliviar» la pobreza generada por la sobreexplotación de los recursos naturales y la fuerza de trabajo para beneficio de las grandes empresas transnacionales.
en lo cultural, reconocer nuestra diversidad como individuos y como pueblos, y utilizar esa diversidad en su potencial transformador, superando visiones y prácticas racistas, homogenizadoras, homofóbicas, patriarcales,…presentes todavía en la mayoría de las relaciones sociales y reproducidas a través de la familia, la escuela, los medios de comunicación…
Estos procesos de cambio son avalados por la mayoría de los bolivianos/as, o sea que tienen una base social y de apoyo fundamentales en la población boliviana. El reciente Informe de Desarrollo Humano 2007 del PNUD/Naciones Unidas («el estado del estado en bolivia», La Paz, abril 2007) concluye, en base a sus investigaciones, que ha emergido en Bolivia un nuevo «sentido común», al que adhiere alrededor del 70 % de la población. Componentes importantes de este imaginario o sentido común:
A pesar de los conflictos los bolivianos estamos optimistas, queremos cambiar y Bolivia está cambiando.
La democracia somos todos: eso implica conflicto y concertación, participación y control.
Apoyamos la nacionalización del gas: los recursos naturales pertenecen a todos y deben ser la base de nuestro desarrollo.
Somos aymaras, mestizos, cambas y collas: somos diversos, pero ante todo somos bolivianos y conformamos una plurinación.
Las Asamblea Constituyente es participación ciudadana y justicia social, es el escenario de un nuevo pacto social.
Sin embargo los cambios, por más que sean deseados y tengan una legitimidad social importante, no son «automáticos», son «construídos» por los actores. Y justamente hoy día vemos el gran esfuerzo de construcción que lleva adelante el país, no exento de contradicciones, descalificaciones … y en el que las élites en el gobierno o en la oposición no siempre ayudan a esta construcción. Necesitamos, por tanto, como decía Gramsci, hacer de este sentido común un «buen sentido», es decir, una visión y una práctica democrática y ciudadana que materialice esas percepciones.
Recordamos y traducimos el dicho freiriano: «la educación sola no hace la transformación, pero sí es una estrategia fundamental para la transformación, de forma que sin educación no es posible transformar la realidad».
Basta recorrer nuestra historia reciente, aquella que hizo posible enfrentar las políticas neoliberales y al Estado que las promovía (Guerra del Agua, Octubre Negro, Guerra del Gas) para darnos cuenta de que los acontecimientos históricos son resultado de procesos organizativos, y que éstos tienen un sustento ideológico, es decir, una visión de lo que es, de lo que debiera ser y de cómo llevar a cabo los cambios.
Del mismo modo, los cambios que lleva a cabo el actual gobierno de matriz popular no serían posibles sin la legitimidad que le otorga ese «sentido común». Pero también los cambios requieren un nuevo liderazgo en los movimientos sociales y en la dirigencia política, que garanticen una interpretación más compleja y dialéctica de la realidad social, un trabajo de articulación estratégica más allá de las particulares reivindicaciones y el desarrollo de capacidades de negociación en la perspectiva de darle sostén teórico y práctico a la nueva hegemonía popular emergente.
Y el desarrollo de la conciencia y de la organización son fenómenos íntimamente ligados a procesos de educación.
Hasta este momento, y ello se refleja en la todavía vigente Constitución Política del Estado, el ser ciudadano estaba focalizado en los derechos individuales, y estos entendidos muchas veces haciendo abstracción de las identidades diversas que cruzan el campo de los derechos. Enriquecer el concepto de ciudadanía, extendiéndolo a los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades que habitan Bolivia, así como al reconocimiento y promoción de las identidades diversas (generacionales, étnico-culturales, de género y opción sexual…) es parte de la construcción de una democracia participativa, de «alta intensidad».
Tomar consciencia de los derechos ciudadanos, apropiarse y aplicar mecanismos para su defensa y promoción es otra tarea educativa insoslayable para enriquecer la democracia que queremos los bolivianos.
Los numerosos encuentros, conferencias y cumbres sociales tanto a nivel internacional como nacional han enfatizado a la educación como un factor clave en el desarrollo y en la superación de la pobreza. No hay evento internacional que no haga mención a la «Educación para a Todos» (EPT /EFA) como estrategia central recomendada y exigida a todos los países, sobre todo los de menor desarrollo, para lograr índices de desarrollo humano aceptables.
En las cumbres de Jomtién (1990) y Dakar (2000), los gobiernos del mundo y la sociedad civil definieron como objetivos y acciones para lograr la EPT hasta el 2015:
Ampliar la protección y educación de la primera infancia
Proporcionar a todos los niños/as una educación gratuita, obligatoria y de calidad
Ofrecer a los jóvenes y adultos el acceso equitativo a programas de aprendizaje y adquisición de habilidades para la vida
Aumentar en un 50 % la alfabetización de las personas adultas
Lograr la paridad e igualdad de género en educación
Mejorar la calidad de la educación
Conscientes de la importancia de la educación y con el objetivo de que este derecho sea no sólo reconocido sino ejercido por todas las personas, el año 1999 un grupo de organizaciones europeas, sindicatos de maestros y maestras, y activistas de alrededor de 100 países de todo el mundo crean la Campaña Mundial de la Educación (CME), cuya actividad central a partir de entonces es la Semana de Acción Global que cada año se realiza en todos los países la última semana de abril. Para la semana de abril 2007 el énfasis de la campaña estuvo puesto en el tema: «la educación, un derecho humano». La CME presiona a los países para que asuman la educación como un derecho y también como una estrategia de desarrollo por lo que exigen mayores inversiones y atención a la educación.
A nivel de América Latina y El Caribe, redes, plataformas, movimientos y organizaciones de la sociedad civil de 18 países han conformado la «Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación» (clade) en torno a los siguientes principios:
La educación es un derecho humano fundamental de carácter colectivo.
Los Estados son responsables de garantizar este derecho.
El carácter público y gratuito de la educación.
El carácter integral e interdependiente del derecho a la educación con los demás derechos humanos, con la democracia y el desarrollo.
La educación como principio para la transformación social, la dignificación del ser humano y la construcción de la democracia con justicia social.
La EPJA, y la educación alternativa en general, si bien son reconocidas en la Ley de Reforma Educativa (1994) como la segunda gran área del Sistema Nacional de Educación, en la práctica los gobiernos la han relegado a un lugar secundario, priorizándose en todo momento la educación formal/regular. Ello se expresa en un presupuesto que apenas representa el 3 % del presupuesto educativo y una cobertura (centros de educación alternativa) que apenas alcanza al 5 % de la demanda potencial.
Sectores demandantes de la EPJA /EA son: la población analfabeta (13.3% de la población, INE 2001); desertores del sistema escolar que no logran culminar la primaria o la secundaria por diferentes causas (30 % de la población); población vulnerable o en situación de riesgo (con necesidades educativas especiales debido a discapacidades físicas o mentales) que no logran acceder a la oferta educativa (10 %).
Afortunadamente el actual gobierno está tratando de revertir esta situación, y una señal importante es el Programa Nacional de Alfabetización «yo sí puedo», que en un plazo de 3 años reducirá significativamente la población analfabeta. Sin embargo las medidas adoptadas creemos son todavía insuficientes.
También la sociedad civil, tal vez por la poca atención que le ha dado el Estado, ha ignorado o minimizado a la EPJA.
El magisterio rural y urbano no la han tomado en cuenta en sus reivindicaciones, incluso se ha visto a los educadores de adultos como competidores de sus puestos de trabajo. Los propios educadores de adultos tienen como aspiración principal llegar a ser maestros de la educación formal, donde tienen mayor reconocimiento y mejor salario.
La propuesta educativa de los pueblos indígenas al Congreso Nacional de Educación no tomaba en cuenta las necesidades educativas de los jóvenes y adultos, sobre todo en el contexto urbano. Cara a la nueva Ley de Educación hubo intentos de sacar la educación alternativa como un área del sistema educativo.
¿A qué se debe la poca atención del Estado y la escasa valoración que le dan el magisterio, las organizaciones indígenas y los mismos estudiantes jóvenes y adultos, para quienes la EPJA es una «educación de segunda»?
Nos interesa ahora analizar una de las principales causas, a saber, la falsa percepción existente sobre lo que es la EPJA y su potencial transformador.
En efecto, se ha hecho «sentido común» la percepción de que la «verdadera educación» es la educación formal, y que la EA/EPJA es una educación remedial /compensatoria que estará vigente sólo mientras la educación formal no logre la cobertura total, es decir, llegar a todos los bolivianos y bolivianas. En el actual contexto de cambios que vivimos, se prevee que esto será en poco tiempo. Entonces para qué invertir en EA/EPJA si pronto tendremos un sistema educativo que dará respuesta a través de la escuela a las necesidades educativas de todos los bolivianos y bolivianas, en el campo y en las ciudades.
Consideramos ésta una falsa percepción:
1. Las necesidades educativas de la población ni ahora ni a futuro podrán ser satisfechas por el sistema regular. Esto es así porque el sistema regular tiene deficiencias internas, pero también porque el desarrollo social genera de manera cada vez más acelerada nuevas necesidades de aprendizaje a las que el sistema regular no puede o tarda en responder. Los países más avanzados, por ejemplo muchos de los países europeos donde la mayoría de la población culmina la secundaria e incluso tiene la posibilidad de acceder masivamente a los estudios superiores, han desarrollado la educación de adultos en sistemas altamente desarrollados como las universidades populares de Alemania y España, las escuelas populares superiores en los países del norte de Europa. El gobierno de Suecia apoya actualmente a más de 30.000 círculos de estudio fuera del sistema regular, pagando a facilitadores que desarrollan gran variedad de temas políticos, económicos, culturales, prácticos de la vida cotidiana (pesca, cocina…).
La educación se ha enriquecido con conceptos como «educación permanente», «educación a lo largo de toda la viva» (lifelong Learning).
2. Pero no es necesario ir lejos, basta observar las necesidades que emergen de nuestra propia realidad, cómo los procesos de cambio que vive actualmente Bolivia se desarrollan fundamentalmente en escenarios que no son las escuelas, colegios y universidades, sino en espacios abiertos, no formales, comunitarios. La comunidad, el barrio, la organización social a la que pertenecemos son espacios de aprendizaje tanto o más importantes que los espacios «escolarizados», donde el conocimiento muchas veces va por detrás de la vida y de las necesidades sociales.
A partir del enfoque de la Educación Permanente y la Educación a Lo Largo de la Vida, la EPJA ya no podrá ser considerada como una educación «supletoria» o «de segunda», tendrá que ser concebida como una educación «alternativa» que dé respuesta a las necesidades de aprendizaje de quienes por diferentes razones no pueden satisfacerlas en el sistema regular. Son los jóvenes y adultos que no han tenido oportunidad de acceder a la escuela o han desertado de ella; el amplio universo de la población vulnerable o de alto riesgo, como los NATs, las personas de la tercera edad, en situación de privación de libertad o de algún tipo de discapacidad; pero también habría que considerar a la población joven y adulta que desea seguir capacitándose y formándose a partir de los desafíos que surgen de los acelerados cambios que vivimos actualmente.
Lo anterior nos lleva a superar la visión escolarizada y teoricista de la EPJA, y entenderla como una integración de espacios formalizados y no formalizados, de espacios de aprendizaje presenciales y espacios abiertos de acuerdo a la dinámicas comunitarias y de las nuevas tecnologías (TICs). Una educación para la vida, para la participación social y para el trabajo productivo y digno.
Los Centros de Adultos y de Educación alternativa deben romper las barreras que los aislan de la comunidad y sus problemas, para convertirse en centros donde el desarrollo de la comunidad sea el eje central de los aprendizajes.
| «Tan importante como la enseñanza de los contenidos es mi testimonio ético al enseñarlos.»Freire |
Ello implica avanzar en aspectos como:
– La elaboración del proyecto educativo del CEA con la participación de la comunidad.
– Un diseño curricular estructurado entorno a las necesidades de desarrollo local y regional, con una visión integral y enfoque laboral de las competencias a ser adquiridas.
– Contenidos y metodologías de aprendizaje que tomen en cuenta la diversidad de los sujetos en cuanto a su edad, cultura, identidad sexual…
– Gestión democrática y participativa del Proyecto Educativo del CEA, a través de formas y mecanismos de organización que le den protagonismo a los actores del centro (estudiantes, docentes) y los actores comunitarias.
Ninguna transformación es posible sin la participación de los docentes y el liderazgo del director del centro. Una EPJA renovada en su concepción y rol social requiere sin embargo un nuevo perfil de director y de docente.
El director del CEA debe desarrollar un nuevo tipo de liderazgo al asumir, más allá de lo administrativo, su rol político-pedagógico, es decir, promotor de la elaboración participativa del proyecto educativo y orientador de la gestión participativa del mismo.
Motivar y acompañar el trabajo en equipo de los docentes con un enfoque de autoformación en el marco del nuevo currículo. En su relación hacia la comunidad y el municipio, además de negociador de recursos, debe destacarse por sus ideas innovadoras en cuanto al papel que debe jugar la educación en el desarrollo local y la construcción de la comunidad de aprendizaje.
A su vez el docente y educador de jóvenes y adultos, conocedor de la problemática comunitaria y de sus estudiantes, diseña y conduce los procesos educativos en el aula y fuera del aula, facilitando aprendizajes interculturales y útiles para los educandos.
Para que la EPJA pueda cumplir con su rol transformador y los CEAs se conviertan en centros de desarrollo local y comunitario, el Estado boliviano, como primer responsable de garantizar el derecho a la educación de todos los bolivianos/as, la debe priorizar en sus políticas educativas.
Esta prioridad debería concretizarse en tres aspectos que nos parecen esenciales:
1) Incrementar el presupuesto a la EA/EPJA por lo menos hasta un 15 % del presupuesto anual para la educación.
2) Reposicionar el VEA y la jefaturas de Educación Alternativa, en los SEDUCAs, tal como determinó la II Conferencia Nacional de Educación Alternativa (La Paz agosto 2004).
3) Institucionalización de los CEAS, dotándolos de una organización adecuada y de personal directivo y docente con experiencia en el campo de la EPJA. Otorgar al docente una carga horaria acorde a su nuevo rol y dedicación al aprendizaje de jóvenes y adultos en espacios formalizados y abiertos.
4) Crear el Consejo Nacional de EA /EPJA como instancia de participación social en la elaboración y gestión del Plan Nacional de EA/ EPJA.
La sociedad civil deberá apoyar y acompañar al Estado boliviano en este proceso, por lo que se hace imprescindible el fortalecimiento de la Red Nacional, redes departamentales y redes municipales de los CEAS como instancias de movilización, propuesta y vigilancia de los compromisos asumidos.
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